jueves, 2 de septiembre de 2010

CARLOS SÁNCHEZ, MÁXIMO ACCIONISTA DEL REAL JAÉN, SU HIJA TAMARA Y UN EMPLEADO DEL CLUB, IMPUTADOS POR SUPUESTOS AUTORES DE UN DELITO DE DESÓRDENES PÚBLICOS

El máximo accionista del Real Jaén, Carlos Sánchez, su hija y vicepresidenta segunda, Tamara Sánchez, y un empleado del club han sido imputados por el juez como supuestos autores de un delito de desórdenes públicos a raíz de los altercados del último pleno municipal, tal y como ha adelantado Diario Jaén, noticia de la que se ha hecho eco la Agencia EUROPA PRESS.



En declaraciones a esta Agencia de Noticias, Sánchez ha querido dejar claro que en esa sesión lo que hubo "claramente" fue un "forcejeo" entre un miembro de las fuerzas de seguridad y directivos, entre los que se encontraba él presente, pero que "no hubo ningún tipo de agresión ni golpe".


Momento en el que ocurrieron los incidentes en el pleno municipal.
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A su juicio, toda esta situación se ha "exagerado", si bien ha añadido que será el juez quien tenga la última palabra al respeto y que acatará lo que se dictamine. Además, ha expuesto que hasta el momento no tiene comunicación de esa imputación y que ahora su abogado se tiene que poner en contacto con el juzgado para informarse.


El máximo accionista del Real Jaén ha incidido en que, en cualquier caso, ellos están "totalmente tranquilos" con toda esta situación y "trabajando a tope como cada día", toda vez que no se ha alterado su deber diario.


Para concluir, Sánchez ha aprovechado para hacer un llamamiento para que "por ningún motivo se manque la imagen inmaculada del Real Jaén".


El polémico pleno se celebró el pasado 30 de julio y en la sesión se vivieron momentos de tensión y de polémica entre partidarios y detractores de un convenio urbanístico que incluye aprovechamientos urbanísticos por valor de seis millones de euros que, según el grupo municipal socialista, iban a ayudar al Real Jaén, ya que el propietario se había comprometido a aportar una cantidad que serviría para salvar al equipo.


No obstante, el convenio fue rechazado al recibir únicamente los votos favorables del PSOE y los contrarios del PP e IU --grupo que forma parte del equipo de gobierno en la capital junto con los socialistas--, lo que derivó en una trifulca entre las personas que estaban a favor del convenio y los contrarios.

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